28-10-14| Se inició el tratamiento de la causa por el asesinato de Sabino Osvaldo Rosales y la desaparición de Ricardo González, ambos pertenecientes a la JP-Montoneros. En relación a esta causa testimoniaron hoy: Fermín Rosales, José Giménez, Guadalupe González y María Eugenia Bergera. Previamente se escucharon los testimonios de Miguel Ángel Rodríguez y Norma Arenas, detenidos en distintos procedimientos, a fines de 1976.
El 17 de diciembre de 1976,
Miguel Ángel Rodríguez fue sorprendido por la policía repartiendo volantes de la agrupación Tupac-Vanguardia Comunista, en el Barrio San Martín. Fue conducido a la Comisaría 33 y de allí, al D2, donde recibió torturas con saña, hasta el 10 de enero, en que un grupo importante dejó el palacio policial para ser alojados en la penitenciaría provincial. En marzo del ’77 fue trasladado a la U9 de La Plata y de allí, a Caseros, donde recuperó la libertad en 1980.
De su estancia en el D2, además de las agresiones físicas sufridas por él, confirmó ataques sexuales a las mujeres, en particular a Rosa Gómez. El fiscal Daniel Rodríguez le sugirió hiciera precisiones, pero el testigo prefirió mencionar los hechos como “íntimos y perversos”. Destacó el momento de alivio colectivo por el traslado del D2 a la penitenciaría porque “era la posibilidad de seguir viviendo”, pero agregó que en la “peluquería” del penal fue interrogado por miembros de la Fuerza Aérea y, nuevamente, golpeado porque se negó a firmar una declaración que pretendían refrendara sin leerla. También sobre la cárcel reclamó requisas vejatorias y aseguró que quienes los trasladaban a la “peluquería” eran agentes penitenciarios.
El testigo fue condenado por la Justicia Federal a 2 años de prisión por la tenencia de panfletos, supuestamente, ”terroristas y subversivos”; sin embargo, permaneció preso 3 años y 7 meses a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Rodríguez fue detenido en forma simultánea con Alfredo Hervida y Ciro Jorge Becerra, miembros del maoísmo local. El testigo insistió en que sus interrogadores no tenían información clara de las variantes del comunismo local. Le preguntaban a quién respondía y lo relacionaban con Marianetti, conocido militante comunista de la línea prosoviética. Cabe aclarar que Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), al que pertenecía Becerra, eran seguidores de Mao Tse Tung, líder de la revolución china que rivalizaba con la exUnión Soviética en su interpretación política. Indagado por la letrada querellante, Romina Ronda, confirmó “el trabajo de inteligencia no era muy preciso”.
Además, Miguel Rodríguez, oriundo de Gral. Alvear, a pedido de la abogada, respondió sobre distintos aspectos de la vida de los desaparecidos coterráneos Bonoso Pérez, Sabino Rosales y Juan Manuel Montecino.
Finalmente, puso de relieve las angustias y sufrimientos padecidos por familias enteras alcanzadas por la represión, resaltó la solidaridad vivida intramuros y el apoyo de compañeras y compañeros quienes le brindaron “fuerza para seguir”.
Al rescate de la identidad negada
Norma Arenas era estudiante de Letras, había pertenecido a la Juventud Universitaria Peronista (JUP) durante su paso por la Universidad Nacional de La Plata y había regresado a la Provincia en 1975, luego de que su compañero fuera asesinado por la triple A.
La estudiante fue secuestrada en la vía pública al 23 de noviembre de 1976, trasladada y sometida a torturas en el D2. En el lugar compartió cautiverio con Jorge Becerra, Rubén Rizzi, Laura Marchevsky, Rosa Gómez, Miguel A. Rodríguez y otros. También supo que trajeron a Isabel Núñez y su bebé al que se le dificultaba amamantar luego de ser torturada. Tuvo palabras elogiosas para destacar el compañerismo y el apoyo que se brindaban mutuamente, comunicándose como podían a través de las paredes o las mirillas de las celdas.
Por otro lado, recordó la golpiza a la que fueron sometidos Becerra y ella, debido a un número telefónico que le había pasado el detenido. Dijo no explicarse cómo los carceleros tenían información sobre lo que se hablaba en el interior de las celdas; sin embargo, anteriormente, algunos detenidos sostuvieron que en junio, con la excusa de una desinfección evacuaron el entrepiso del D2 e instalaron micrófonos en los calabozos.
El 10 de enero, junto a un nutrido grupo, pasó a la cárcel provincial, donde firmó una declaración con los ojos vendados. Salió en libertad en abril de 1977 desde la penitenciaria.
De su paso por el D2 destacó la visita de su madre en el propio CCDyT, en dos oportunidades. El inédito suceso se produjo porque un familiar bodeguero, conocido de Oyarzabal, intercedió para obtener esa gracia. La testigo desechó la posibilidad de que su familia hubiese realizado gestiones ante la Justicia Federal, sin embargo, el Fiscal Rodríguez le exhibió un habeas corpus presentado por su madre que le produjo gran emoción.
Al cerrar su declaración, Arenas resaltó el estar transitando un “juicio histórico”, que le permitió reconstruir su identidad, un aspecto largo tiempo negado: “por mi voz hablan los que no están”, agregó.
Operativo en Dorrego
Ricardo Alberto González y Osvaldo Sabino Rosales compartían militancia en Montoneros y vivían juntos en un departamento ubicado en Dorrego. El 16 de enero de 1977, personal de las fuerzas de seguridad irrumpió en el departamento. Ricardo habría sido secuestrado y hasta la fecha está desaparecido. Sabino no se encontraba en ese momento ahí. Al día siguiente cuando regresó al domicilio, al ver el cerco, corrió y lo acribillaron por la espalda en la puerta de su casa.
Por esta causa, en la fecha, declararon brevemente, el hermano de Sabino y un amigo de Ricardo González.
Fermín Rosales describió los vaivenes que sufrieron sus familiares por las versiones contradictorias sobre el destino de Sabino. En 1978 apareció su nombre en una lista de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Enterada la familia comenzó con la presentación de habeas corpus para encontrarlo, sin ningún resultado.
En el ’86 tomaron conocimiento del certificado de defunción de un NN que, aparentemente, correspondía a Sabino. En el ’95 apareció otro certificado a su nombre con un número de sepultura. Así se enteraron de la posibilidad de que el cuerpo estuviese inhumado en la necrópolis de Mendoza.
José Camilo Giménez Santibáñez.
Fermín recordó que años después se abrió una causa por los enterramientos clandestinos en el cuadro 33 del cementerio de la capital. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó las excavaciones y pudieron identificar sus restos. Sabino Rosales fue entregado a su familia y enterrado en su pueblo natal en mayo de 2011.
José Camilo Giménez Santibáñez, exiliado chileno, fue acogido por Ricardo González desde 1974 a 1975 en la casa de su madre. A pesar de su proximidad no pudo proporcionar mayores datos sobre el desaparecido.
Solo afirmó que a la hora de su detención desconocía el domicilio de su amigo porque estaba abocado a otro tipo actividades. Supo del secuestro de Ricardo por un hermano de él y se encargó de avisarle a la expareja de su amigo para que también estuviera prevenida. No hubo información adicional con respecto a su anterior declaración, realizada a puertas cerradas, por pedido del testigo.
Con respecto al destino de Ricardo, Giménez dijo que la información que se manejaba era que había muerto en un enfrentamiento o habría sido secuestrado.
Familia en la mira
La causa que aborda los homicidios de Rosales y Ricardo González por desaparición forzada, también incluye la privación de la libertad de la hermana de éste último,
María Guadalupe, y de Francisco y Pablo González, detenidos en distintos momentos, en 1977.
En esta audiencia prestó declaración, María Guadalupe, quien puso de relieve la persecución que vivió su familia por aquellos años. Al respecto, relató que, con anterioridad al procedimiento en el domicilio de Dorrego que habitaba Rosales y su hermano, fue secuestrado y torturado Francisco para que diera cuenta de las actividades de Ricardo.
Posteriormente, fue el turno de Pablo, detenido el 4 de abril de 1977, en la casa en la que vivía con su madre y hermanas. Según Guadalupe, el operativo estuvo a cargo de un miembro del grupo de tareas de apellido Rondinini y fue llevado al D2. Por recomendación del teniente coronel Rodríguez Mera, allegado a la familia, su madre reclamó por su hijo “antes de que se lo lleven al Comando y lo chupen”, estimó la testigo. Asimismo informó que Pablo fue transferido a la penitenciaría de Mendoza, desde donde recuperó la libertad el 11 de agosto de 1977.
En cuando a su propia detención, la testigo recordó que, con posterioridad, fue interceptada en la vía pública y detenida cuatro días en el D2 en “averiguación de antecedentes”. Sin embargo, la interrogaron para que diera nombres; también, curiosamente, le exhibieron fotos de personas muertas o desaparecidas para que las reconociera.
Asimismo, recordó que de la casa de Ricardo se robaron todo y que su madre fue citada a la morgue para reconocer, presuntamente, el cuerpo de su hermano. Allí, la señora González descubrió que el cadáver no era el de su hijo sino el de Lito, apodo con el que conocían a Sabino Rosales.
Búsqueda y patria potestad
María Eugenia Bergera, expareja de Ricardo y madre de su hijo, quien perteneció a Vanguardia Comunista, contó que con Ricardo estaban separados diez meses antes de su desaparición, y que para esa fecha ella se encontraba en San Luis, junto con sus padres y su hijo de dos años y cuatro meses.
Precisamente las diferencias políticas obligaban al distanciamiento ya que Vanguardia Comunista sostenía una fuerte controversia con las organizaciones político-militares peronistas. Estaba casi en las antípodas dentro del amplio arco de las organizaciones de izquierda.
El 18 de enero, Bergera se anotició que Ricardo había sido secuestrado días atrás. Apenas se enteró, acompañada por su padre, fue al Palacio Policial sin resultados. Tiempo después presentaron habeas corpus que fueron rechazados sistemáticamente. Hasta había tratado de acercarse a la casa de Dorrego, pero la vivienda estuvo muchos días rodeada.
María Eugenia aclaró que a pesar del distanciamiento de su pareja, “con Ricardo sabíamos que era víctima de persecución, por lo que pactábamos horas de reunión para que él viera a su hijo”. Además evocó el calvario que le tocó vivir para conseguir la patria potestad del menor, ya que el único recurso era la de “presunción de fallecimiento”. Las mujeres que eran compañeras de vida de los desaparecidos solían recurrir a esa figura para resolver los asuntos familiares, pero ella se negó “porque debía confirmar” cuál había sido su destino. Así fue que siguió presentado habeas corpus y edictos para dejar en claro que “nosotros también habíamos buscado”, aseguró. El problema quedó saldado con el reconocimiento de la figura de desaparición forzada.
Sobre el final, el abogado defensor Ariel Civit pidió al TOF que se dejara constancia de un acta firmada por el comisario Pedro Dante Sánchez Camargo que permitiría inferir las razones por las cuales los integrantes de la Justicia Federal (entre ellos, Romano) recibieron amenazas de grupos de tareas de la represión ilegal.
Las audiencias de la semana próxima, se retomarán el lunes 3 y se esperan los testimonios de Alfredo Hervida, Hugo Rosales, Pablo González, Alfredo Villegas, Delmiro Camargo, Héctor Marotta, Saúl Hanano, Matilde Duek, Candelaria Agüero, Antonio Savonne y Félix Ortiz.
